Las manifestaciones de protesta que se están produciendo en Francia contra el llamado Contrato de Primer Empleo (CPE), lejos de amainar, no hacen sino recrudecerse. Las doce organizaciones sindicales, de universitarios y de estudiantes de secundaria, crecidos por la multitudinaria movilización del pasado sábado, han tomado la decisión de convocar para el próximo 28 de marzo una nueva jornada nacional de paros, la cuarta que se produce en el país vecino contra esta reforma laboral que impulsa el primer ministro, Dominique de Villepin.
Se trata de una tímida propuesta de reforma laboral que busca incentivar la contratación de jóvenes menores de 26 años por la vía de abaratar los costes del despido. Si la coactiva rigidez del mercado laboral y los altos costes del despido son un factor de disuasión a la contratación en general, resultan especialmente nocivos para los jóvenes que, por su edad, cuentan con una escasa o nula experiencia laboral.
Frente a los actuales e impuestos contratos de larga duración, que contemplan un periodo máximo de prueba de seis meses, el CPE permitiría un periodo máximo de dos años durante el cual el empresario gozaría casi de la misma libertad que el trabajador para dar por concluido el contrato. Aunque el empresario tendría, no obstante, que abonar al joven trabajador despedido el 8 por ciento del salario ganado desde que se produjo la contratación –más un 2 por ciento adicional destinado a las "organizaciones encargadas a ayudar a los parados a encontrar empleo"–, el contratante estaría tan exento de tener que justificar su decisión de concluir la relación laboral como lo está, en todo momento, el contratado.
Los actuales contratos de duración indeterminada contemplan, por el contrario, un periodo de prueba de sólo seis meses como máximo, después del cual las empresas deben justificar profusa y detalladamente cualquier despido, ya que los trabajadores tienen posibilidades de recurrirlo y de obtener mayores compensaciones. No hay que extrañarse, pues, de que muchos empresarios –cuyos clientes, por cierto, son en todo momento libres para dejar de serlo–, no quieran pillarse los dedos contratando a jóvenes con escasa experiencia laboral en un entorno que, además, es profundamente cambiante. Los costes del despido y las barreras de salida, que los sindicatos y la izquierda se empecinan en defender como medidas de protección del empleo, ejercen, en realidad, de disuasivas barreras de entrada al mercado laboral.
A pesar de la timidez de la reforma, y a pesar de ser los jóvenes uno de los sectores más perjudicados por esta paternalista, coactiva y contraproducente legislación laboral –casi una cuarta parte de los jóvenes franceses menores de 26 años están en paro–, los beneficiarios del statu quo los lanzan en contra de una reforma laboral que, en realidad, los privilegia.
Claro que Francia es uno de los países donde más se ha adoctrinado –tanto por la derecha como por la izquierda– a favor del estatismo y de los mal llamados "derechos sociales". Una lacra que, si está mermando el empleo, la competitividad y el crecimiento económico de los franceses, no por ello deja de ser reivindicada como "un avance social", en cuya defensa no pocos jóvenes franceses están mostrando, ciertamente, tanta virulencia como ignorancia.
